‘Vamos a tener mucha gente aquí atorada’: el gobierno de Biden gana tiempo para reformular sus políticas migratorias

MATAMOROS, México — El mes pasado, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revivió una política migratoria angular de la era Trump, parecía ser una gran derrota para el presidente Joe Biden.

Después de todo, Biden había condenado la política —que requiere que las personas que solicitan asilo en Estados Unidos esperen en México—, la calificó de “inhumana” y en su primer día en el cargo la suspendió, como parte de un agresivo impulso por desmantelar algunas de las políticas migratorias más duras del expresidente Donald Trump.

Pero entre algunos funcionarios de Biden, la orden de la Corte Suprema fue discretamente recibida con algo distinto al desaliento, según funcionarios y exfuncionarios: causó algo de alivio.

Antes de dicha decisión, las medidas de Bien para empezar a flexibilizar el control migratorio ya habían sido seguidas por una ola de personas que se dirigieron al norte y abrumaron la frontera suroeste de Estados Unidos. En julio, las detenciones de migrantes alcanzaron el nivel más alto de las últimas dos décadas, una tendencia que los funcionarios temen que se prolongue hasta el otoño.

Ya existía preocupación al interior del gobierno de Biden de que la velocidad con que había implementado cambios en materia migratoria pudiera alentar un flujo de personas hacia Estados Unidos, indicaron funcionarios y exfuncionarios.

De hecho, algunos funcionarios de Biden ya hablaban sobre la posibilidad de revivir la política de Trump de forma limitada para disuadir la migración, dijeron funcionarios, que han trabajado en política migratoria pero no tenían autorización para discutir en público los debates internos del gobierno sobre el tema. Luego, se emitió la orden de la Corte Suprema y le brindó protección política al gobierno de Biden para adoptar parte de la política de cierto modo sin causar tanto descontento entre los demócratas que denostaron las políticas fronterizas de Trump.

Ahora, dicen los funcionarios, tienen la oportunidad de dar un paso atrás y formular una versión más humana de la política de Trump y, esperan, reducir la gran cantidad de personas que llegan a la frontera.

“Este deseo de revertir las políticas de Trump y de hacerlo con rapidez ha puesto al gobierno de Biden en este aprieto, que no era impredecible y es muy triste presenciar”, dijo Alan Bersin, quien fue comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama.

La política en cuestión, conocida comúnmente como Quédate en México, se convirtió con mucha rapidez en uno de los elementos más contenciosos de la agenda migratoria de Trump debido a que transformaba drásticamente las provisiones del sistema de asilo de Estados Unidos. En lugar de permitir que los migrantes ingresaran al país mientras las cortes evaluaban sus solicitudes, hizo que miles de solicitantes de asilo esperaran en campamentos precarios en México, en donde abundan los reportes de extorsión, secuestro y otros abusos graves.

Luego de que Biden suspendió la política, Texas y Misuri demandaron al gobierno y argumentaron que el flujo de personas “imponía cargas severas y continuas” en los estados. La Corte Suprema se rehusó a bloquear una decisión de una corte menor que requería restaurar el programa y forzaba a la gestión de Biden a acatar en tanto se lleva a cabo el proceso de apelación.

Pero la ambivalencia en ciertos sectores del gobierno de Biden refleja una preocupación más amplia: que la crisis fronteriza pudiera tener consecuencias para los demócratas y posiblemente tire por la borda la esperanza de llevar a cabo una transformación más significativa de los sistemas de migración y asilo de Estados Unidos.

“Están acorralados en su agenda migratoria más amplia”, dijo Doris Meissner, comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de 1993 a 2000, refiriéndose a la gestión Biden. “Las únicas herramientas que están disponibles en el futuro cercano son básicamente policiales”.

Luego de asumir el cargo, Biden no solo permitió que los migrantes solicitaran asilo en Estados Unidos, sino que también se rehusó a expulsar de inmediato a los menores no acompañados y empezó a detener las deportaciones.

Al aumentar la migración hacia la frontera, los republicanos atacaron al nuevo gobierno en distintos frentes y obligaron al presidente a retractarse de promesas clave de campaña y a molestar a su base de votantes.

Biden, en cambio, ha recurrido a México y Centroamérica para que controlen mejor sus propias fronteras. Pero los esfuerzos no han logrado disminuir drásticamente los flujos al norte y ahora han ocasionado ataques violentos hacia los migrantes por parte de las agencias de seguridad en dichos países.

Mientras que la gestión de Biden intentó cambiar el tono de apertura desde el principio, al enviar a la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala a proclamar que la frontera estaría cerrada en junio, los migrantes y traficantes de personas dicen que lo que la gente recuerda son las señales alentadoras del inicio del mandato de Biden.

“Escuchamos la noticia de que Estados Unidos abrió la frontera”, dijo Abraham Barberi, pastor en la ciudad fronteriza de Matamoros, al recordar lo que suelen decirle los migrantes. Después de que Biden asumió el poder, muchas personas arribaron a la ciudad y a su puerta empezaron a llegar madres con niños pequeños, así que Barberi convirtió su iglesia en un albergue para migrantes.

“El gobierno de Biden dijo: ‘Vamos a dejar que la gente entre’”, dijo Barberi, zigzagueando entre los colchones delgados que ahora cubren el piso de la iglesia. “Ahí es cuando todos llegaron”.

Miles de solicitantes de asilo fueron gradualmente recibidos en Estados Unidos luego de que Biden puso fin a la política de Trump que los obligaba a esperar en México, según la oficina Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que monitorea datos sobre migración. Pero casi de inmediato, relató Barberi, apareció un torrente de nuevos migrantes.

Así que Barberi metió decenas de literas en los salones de la escuela bíblica y llenó las estanterías con medicina, pañales y fórmula para bebé. Si la política Quédate en México vuelve, dijo Barberi, “vamos a tener mucha gente aquí atorada”.

Entre ellos se encuentra Marilin Lopéz, quien salió de Honduras con su hijo en 2019 después de enfrentar constantes amenazas de muerte. Cuando llegó a México, dijo, un traficante la entregó a hombres armados que la tuvieron de rehén durante meses. Luego de conseguir el rescate y llegar por fin a la frontera, dijo, se encontró con dos de sus secuestradores en Matamoros y se escondió, con lo cual ya no pudo acudir a sus citas de seguimiento al caso de asilo.

Con Trump, Estados Unidos otorgó asilo a menos del 2 por ciento de todos los solicitantes cubiertos por la política Quédate en México, según la oficina de estudios en la Universidad de Syracuse. La mayoría de las personas a las que se les negó el asilo faltaron a las citas de la corte, como Lopéz, a quien le aterraba caminar en Matamoros, una ciudad que el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses no visitar debido a “delitos y secuestros”.

A finales de agosto, luego de que el gobierno de Biden dijo que reabrirá algunos de esos casos, Lopéz postuló una vez más para presentar su pedido de protección.

Días después, Lopéz recibió un mensaje de texto de representantes de las Naciones Unidas que estaban apoyándola con su solicitud: todos los casos estaban en pausa mientras se aclaraba la situación tras la decisión de la Corte Suprema.

“Mataron todas las esperanzas de nosotras”, dijo Lopéz. “El gobierno de Biden prometió muchas cosas y ahora nos sentimos engañados”.

No está claro aún exactamente de qué modo responderá el gobierno de Biden a la decisión de la Corte Suprema, aunque los funcionarios en Estados Unidos y México dijeron que ya se han iniciado discusiones sobre la implementación de una nueva versión de Quédate en México.

Roberto Velasco, el funcionario principal para Norteamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo en un comunicado que la Corte Suprema de Estados Unidos no determinaba la política migratoria de México, “que se determina y ejecuta con soberanía”.

México propuso recientemente la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos, dijo Velasco, “para administrar los flujos extraordinarios que ambos países están viendo”. Dijo que México se opondría a cualquier medida para reabrir los campamentos en la frontera, una acción que también sería políticamente desafiante para Estados Unidos. Cuando la primera dama estadounidense, Jill Biden, dio un recorrido del campamento de Matamoros en 2019, dijo que era doloroso.

“He sido testigo del dolor de los refugiados en todo el mundo, pero verlo en nuestra propia frontera se sintió como una traición”, dijo la doctora Biden en una publicación de Twitter luego de la visita y añadió: “Esta crueldad no nos representa”.